Una legislación especialmente laxa en cuanto a recalificaciones de terrenos, la ausencia de control sobre los precios finales y la entrada masiva de capital extranjero, junto con bajos tipos de interés y la falta de viviendas de alquiler o de pisos de protección oficial, han favorecido un boom inmobiliario que amenaza con cubrir gran parte del territorio peninsular y destruir nuestras ciudades, engullidas por la expansión y reestructuración metropolitana.