Democracia, ciudadanía y espacio público son conceptos que en el discurso político habitualmente se entrecruzan y sustentan la apropiación por parte de los municipios, de normativas que pretenden fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. Ordenanzas municipales que traen consigo dinámicas que lejos están de contribuir al objetivo que dicen perseguir, como la progresiva privatización del espacio público y el control social de la población.
Dinámicas que se integran en un modelo de ciudad centrado en la imagen y en el potencial turístico; una ciudad individualista, capitalista y segregadora; una ciudad que obstaculiza el encuentro de las personas que la habitan; una ciudad en la que no se vive, se sobrevive. Y una de las formas de conseguirlo es, precisamente, naturalizando una vida cada vez más regulada. Este fenómeno internacional presente en las grandes capitales mundiales (Nueva York, Londres...), se ha ido extendiendo por el territorio del Estado a partir de la aprobación pionera de la normativa en Barcelona en el año 2006. No sólo ha ido proliferando esta iniciativa en grandes y medianas ciudades como Burgos (2007), Sevilla (2008), Ávila (2008), Vigo (2009), Guadalajara (2009), Málaga (2010), Bilbao (2010), Alcalá de Henares (2010), Albacete (2011), Alicante (2011), Gijón (2012), Palma de Mallorca (2012), sino también en pueblos como Guillena (2011), Tui (2012), Collado Villalba (2012), Cangas (2013), etc. La dinámica expansiva no cesa, estando ya en proceso de elaboración y aprobación en ciudades como Madrid y Murcia.
