Puestos en orden y vistos en su conjunto, estos textos constituyen a la vez una historia del procés y una permanente reflexión crítica sobre sus limitaciones, sus contradicciones y sus efectos.
El procés, especialmente en los años de la presidencia de Artur Mas, ha querido revestirse de formas jurídicamente correctas. Para ello se quiso construir doctrina, con un Consejo Asesor de la Transición Nacional; se movilizaron juristas; se publicaron documentos; se presumía de tener importantes apoyos económicos y diplomáticos en el exterior; y se intentó situarlo en la estela de otros procesos similares recientes, como Québec o Escocia [Leyes de transición, ley de referéndum, proyectos de futura constitución catalana o instrumentos similares son revisados con bisturí por la lógica implacable del jurista Villarejo, y el resultado es inapelable: la supuesta construcción jurídica del derecho a decidir no se sostiene. Lo que maravilla primero e indigna después a Villarejo es la aceptación de ese discurso por buena parte de las izquierdas (incluida buena parte de la izquierda supuestamente radical y transformadora). Reconociendo sus diferencias, buena parte de las izquierdas catalanas y españolas han considerado el procés como la expresión de un movimiento popular, democrático, que no aspira a otra cosa que a reclamar derechos legítimos de las personas y de los pueblos. Derechos que les son arrebatados por una derecha centralista, autoritaria, y en definitiva, heredera del franquismo.
CATALUNYA. MITOS Y RESISTENCIA.
AUTOR/A
JIMÉNEZ VILLAREJO, CARLOS
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO nació en Málaga en 1935. Fiscal de profesión (1961-2003), ex-fiscal anticorrupción, de 1968 a 1978 militó en el PSUC clandestinamente. En 1973 fue sancionado con un traslado forzoso a la Fiscalia de Huesca “por su carácter díscolo, su actitud contestataria y su decidida simpatía por doctrinas en abierto divorcio con el espíritu del Movimiento Nacional”.
Fue eurodiputado por Podemos (2014), y ahora es Vocal de Honor de la Junta de Federalistes d'Esquerres.
Tras su jubilación, libre de la obligación de reserva de opiniones políticas que le imponía el ocupar un alto cargo como fiscal, acrecienta su actividad pública civil, manifestando su pensamiento jurídico ante diversos temas políticos, participando activamente en diversas organizaciones cívicas de carácter público y privado.