En su segundo informe anual sobre las fronteras de Europa, la red Migreurop se centra en tres cuestiones claves del combate que llevan las autoridades contra las personas candidatas a la migración: los obstáculos a su desplazamiento, el confinamiento y la expulsión. Sobre la base de encuestas propias en los lugares investigados, el informe proporciona ejemplos dramáticos de las consecuencias de la puesta en práctica de esta guerra contra las personas migrantes, que implica un retroceso generalizado de los derechos que protegen las libertades y la integridad de las personas. Denunciando el proceso de #externalización# por la Unión Europea de su política migratoria, Migreurop muestra cómo los países terceros se ven obligados, bajo la amenaza del cuestionamiento de los acuerdos de cooperación y de ayuda al desarrollo, a readmitir en su territorio a las personas migrantes expulsadas de Europa y a impedirles reemprender el viaje hacia sus fronteras. De la región de Calais, en Francia, a las fronteras de Turquía y del mar Adriático, de los parajes de Gibraltar al desierto sahelo-sahariano y a los nuevos países miembros al este de la Unión Europea, la subcontratación de los controles migratorios se efectúa en cadena, a veces muy lejos de la Unión pero también en su interior, muy en particular cuando se trata de reenviar de país en país a solicitantes de asilo considerados indeseables. Toda una población de exilados se encuentra así sometida, desde ambos lados de las fronteras de Europa, sea al encarcelamiento arbitrario, sea a un continuo vagar y a las vejaciones permanentes de un entorno hostil.
