Julio de 2024, desahucian en Barcelona a una mujer de 65 años, enferma de cáncer de colon; julio de 2024, desahucian en Lavapiés a una mujer de 94 años, por no poder pagar un alquiler 200 euros más alto que su pensión; julio de 2024, desahucian a una mujer de 59 años y a su hijo de ocho en el barrio de Lavapiés; junio de 2024, un juez decide desahuciar a una familia vulnerable con un hijo menor de edad a pesar que el casero tiene 27 viviendas; octubre de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende el desalojo de una familia vulnerable de las viviendas municipales del Actur; noviembre de 2024, desahucian a una mujer de 70 años en Bizkaia tras ser víctima de un préstamo con cláusulas abusivas; enero de 2023, desahucio exprés de una mujer con sus dos hijos en Ortuella (Bizkaia).
Noticias como las que acabo de recoger son una constante, uno puede mirar para otra parte, pero ahí están, son como un martillo pilón que deberían de servir para abrir una profunda reflexión sobre un derecho que está recogido en la Constitución y en el ordenamiento internacional como la Declaración Universal de los DDHH, pero que se ha convertido en un brindis al sol, pues existe un problema de vivienda en el Estado español y la realidad es que no hay voluntad política para afrontarlo.
La crisis de 2008 tuvo su epicentro en ese triángulo formado por la construcción, el sector inmobiliario y financiero, este último debido a su exposición en el mercado hipotecario, lo que trajo una ola de desahucios por impago de los préstamos hipotecarios. Pero superada esa crisis, los desahucios no han remitido, siendo ahora motivados por el impago de los alquileres.
La democracia de propietarios: dictadura de la vivienda
Pablo Carmona
Para estudiar todo lo relativo al problema de la vivienda en el ciclo comprendido entre 2013 y 2022, nada mejor que recurrir a un ensayo que disecciona todo ese periodo, analizando de forma pormenorizada todos los movimientos que se han dado alrededor de la vivienda. Con el título “La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y lucha por la vivienda” (Editorial Traficantes de Sueños), y que salió a la calle en octubre de 2022, Pablo Carmona Pascual, autor de este libro, ha realizado un trabajo que es imprescindible para poder entender todo lo que está pasando a día de hoy en todo este campo de minas que es la vivienda.
El propósito del autor no es otro que “ofrecer una visión de conjunto del periodo que va desde 2012 hasta 2022. A través de esta panorámica, se propone hacer un somero mapa de la propiedad inmobiliaria, especialmente en lo que respecta al sector residencial y, más concretamente, al alquiler”.
Para llegar al ciclo actual, el autor nos hace un breve repaso de lo que han sido las políticas en materia inmobiliaria. Desde esa idea del franquismo en la que se forja la expresión “sociedad de propietarios”, pasando por las políticas del PSOE en los años 80, donde se promocionó la adquisición de vivienda como principal método de ahorro e inversión, para llegar al posterior ciclo expansivo desde 1995 hasta 2008. Y entre cada uno de esos ciclos expansivos, su correspondiente crisis, porque capitalismo y crisis siempre van de la mano.
Quisiera destacar que este libro rompe con algunos clichés acerca de la situación que se está viviendo en la actualidad en el sector de la vivienda y, en concreto, en el mercado del alquiler y que comentaré con posterioridad.
Si este ensayo destaca por algo, es por la gran cantidad de datos y estadísticas que aporta, obtenidos de diferentes organismos públicos y de estudios realizados por las empresas del sector de la construcción e inmobiliario; información que es una herramienta fundamental a la hora de elaborar este trabajo y realizar un análisis certero.
De una forma muy didáctica, a la hora de analizar todo lo que supuso la crisis inmobiliaria que se produjo en 2008, y el escenario que se generó, el autor expone el proceso de digestión de los activos inmobiliarios que estaban en manos de las entidades financieras y que fueron a parar a la SAREB, lo que comúnmente se ha conocido como el banco malo. Con los datos que aporta Pablo Carmona, la conclusión de todo ello es muy clara: el Estado asumió el coste de la fiesta en la que las entidades financieras fueron las grandes responsables, aunque no las únicas, de haber creado la burbuja inmobiliaria. Con el dinero del contribuyente se sanearon los balances de los bancos, inmobiliarias y constructoras, y se llegó a legislar en beneficio de los responsables de todos los desmanes que se dieron. Y los diferentes gobiernos pusieron en bandeja a fondos de inversión y diferentes inversores todos los activos con los que tuvo que cargar la SAREB. Por el contrario, a las Administraciones Públicas en ningún momento se le pasó por la cabeza crear un parque de vivienda estatal para gestionarlo desde un prisma diferente al puramente especulativo.
Es aquí donde el autor nos expondrá las líneas maestras de todos los movimientos que se dieron para cambiar radicalmente el mercado inmobiliario en el Estado español. Datos como que el mercado deja de girar en torno a los bancos y las cajas de ahorro, que reducen su exposición en el sector inmobiliario, cortando de forma radical la concesión de préstamos hipotecarios, lo que les ha llevado a perder protagonismo en favor de los fondos de inversión, y el crecimiento del sector residencial en alquiler. Todos los movimientos de los diferentes actores son señales muy nítidas para ver como “los grupos con menor renta habían sido empujados a engrosar la nueva caja social de los inquilinos precarios”. Y en todo momento las grandes corporaciones gozando de una legislación realizada su medida. La imposibilidad de poder acceder a la financiación para la adquisición de una vivienda por un sector muy importante de la sociedad, la ha abocado a recurrir al alquiler, lo que ha contribuido, entre otras circunstancias, al incremento desorbitado de los precios.
Lo expuesto hasta ahora podría hacernos pensar que en este periodo los grandes grupos de inversión a través de los fondos de inversiones y otras figuras mercantiles, como las SOCIMI, se han hecho con la mayor parte del mercado de alquiler. En concreto, el hecho que se hayan quedado con gran parte del parque de viviendas que poseían algunas administraciones nos puede llevar a esa conclusión, y nada más lejos de la realidad. Anteriormente decía que este ensayo rompe con algunos clichés, y sin lugar a dudas, el más importante es este, porque los datos que aporta, todos ellos obtenidos de las diferentes administraciones y estudios realizados por empresas del sector, no dejan lugar a dudas: el 95% de las viviendas en alquiler en el Estado español son propiedad de particulares. Esta información es la que nos va a ayudar a entender, no solo la situación que se está viviendo, sino algo más importante, el porqué de las políticas en materia de vivienda, qué finalidad tienen y la ideología que encontramos detrás de ellas. Es a la hora de tratar todo esto, cuando uno entiende las conclusiones de este trabajo.
Salvando las distancias, los antecedentes al dato anteriormente expuesto los encontramos en las políticas llevadas en el reino Unido a lo largo de la década de los 80 del siglo pasado. La democracia de propietarios, concepto que da nombre a este ensayo, y que tiene su origen en las políticas neoliberales que Margaret Thatcher aplicó en el Reino Unido, y que fueron fundamentales para lograr el éxito electoral. Este ensayo es muy elocuente a la hora de explicarlo: “Su lógica era clara. El alto porcentaje de propietarios en el Reino Unido garantizaba el éxito electoral de las fuerzas que pusieran la defensa de la propiedad privada en el centro del programa”, y para ello convirtió cinco millones de viviendas públicas en alquiler de viviendas en propiedad, mediante políticas de privatización. Pero todo ello ¿con qué finalidad? “se buscaba crear un cuerpo político y electoral temeroso de cualquier cambio que afectase a los valores y la seguridad jurídica de sus bienes”. El nuevo liberalismo prueba nuevas ideas, y así lo expresa Pablo Carmona: “Para la nueva política neoliberal, el verdadero eje de articulación de las clases medias no era tanto el libre mercado como la defensa de sistemas legales y sociales que protegiesen la propiedad privada y el status social que le acompañaba”.
La pregunta que se hace este ensayo es lógica: cómo se ha articulado estas políticas en el Estado español. Es aquí donde vamos a encontrar como se va creando la figura del rentista, como familias de clase media y alta se hacen con una grandísima parte del stock inmobiliario, gracias al “hundimiento de los precios” producido por la crisis. En este caso, sin producir el ruido mediático que podían generar las grandes operaciones inmobiliarias de las SOCIMI o fondos de inversión, se realizaban operaciones inmobiliarias con un afán especulador, para destinarlas al mercado del alquiler y del uso turístico. Pero esta especulación, como bien dice Pablo Carmona, “era vista con simpatía en grandes capas de la sociedad”.
El porcentaje de propietarios que se dedican al alquiler es de tal magnitud, que “se da una transversalidad social que ha adquirido la defensa de la propiedad inmobiliaria”. Algo difícil de combatir.
En todo este proceso en el que no han existido políticas públicas de alquiler, poniendo todo el negocio del alquiler en manos privadas, este ensayo no deja pasar por alto un dato que no deja de ser la guinda a todo este pastel: los grandes beneficios fiscales de los que disfrutan tanto las grandes corporaciones cuya actividad es el alquiler de viviendas, como los privilegios fiscales de que gozan los particulares que tienen pisos arrendados.
La lectura de este libro no deja indiferente, y es inevitable el que al lector le surjan preguntas. En mi caso, únicamente voy a dejar las siguientes: ¿qué podemos esperar de los partidos políticos a la hora de resolver el problema de la vivienda? ¿Cuál es la salida a esta situación en la que se encuentran un sector importante de la población? Para salir de la situación actual, Pablo Carmona no duda en afirmar que “el objetivo debería ser controlar y abaratar radicalmente el mercado del alquiler o crear un parque público de viviendas en alquiler asequible o a coste cero sobre la base de esas viviendas ya existentes”, pero como muy bien dice, el gran problema es que con la “colaboración público-privada” que se da en el Estado español, “es imposible distinguir donde acaban las políticas públicas y donde empiezan los grandes planes de las grandes empresas”.
A modo de conclusión. Ante esta deriva que ha llevado al surgimiento de una nueva modalidad de capitalismo, el que denominan “capitalismo rentista”, las peguntas que se hace el autor, y que nos podemos hacer todos, es ¿Cómo construir un movimiento político y social que se nutra del conjunto de la conflictividad existente en este campo? ¿Cómo abigarrar y organizar mejor los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda?
