Los conflictos de la globalización han traído numerosas consecuencias para el funcionamiento de los Estados y de los ordenamientos jurídicos de diversa escala. Entre ellas, la aplicación cada vez más frecuente de los estándares jurídicos antiterroristas que han desatado un horizonte de indeterminación entre el Estado de derecho y el Estado policial.
Al mismo tiempo, los Estados se responsabilizan cada vez más ante la sociedad civil y refuerzan con argumentos racionales el Estado de derecho; se autoexceptúan con otros argumentos (no menos racionales) frente a la ciudadanía al recrear nuevos Estados guerreros. Por un lado, se presentan como protectores de los derechos humanos de todos los ciudadanos; por el otro, no dudan en postularse como pioneros en la lucha contra el terrorismo.
