La política sanitaria de la Comunidad de Madrid esta dirigida a provocar un deterioro del sistema público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante la población. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando fondos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante. Paralelamente, han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado preparado para parasitar al sector público. Este déficit de financiación, junto con el incremento poblacional y la reducción real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que cualquier ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.<BR><BR>La aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.<BR><BR>A partir del 2005, el gobierno de la Comunidad de Madrid aceleró el proceso de privatización traspasando a empresas privadas con ánimo de lucro la gestión y explotación, durante décadas, de 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión; este modelo, fracasado en diferentes países europeos, ya ha evidenciado graves inconvenientes tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud, problemas que han sido reconocidos incluso por la Organización Mundial de la Salud.<BR><BR>En 2007 el PP dio un paso más mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en entidades de derecho privado así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar la parte sanitaria de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde hace años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles propios del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.<BR><BR>La conversión del sistema sanitario en un mercado de competencia se va concretando aun mas mediante la apertura de tres nuevos hospitales de modelo Alzira, la privatización de las citas medicas a través de un call center, el cierre de laboratorios públicos para derivar las pruebas a un macro-laboratorio privado, la desestructuracion territorial mediante el Área Única y, la nueva Ley de Libertad de elección(mecanismo para derivar los usuarios y pacientes rentables a los centros privados), lo que sólo puede provocar el aumento de las desigualdades en salud.<BR><BR>Ante ello, un grupo de profesionales del sistema público, usuarios y vecinos, así como organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas, decidimos constituir la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid con el objetivo de aunar esfuerzos y organizarnos en defensa de nuestro sistema público sanitario
