La colaboración entre el Estado y las asociaciones se ha basado en un sistema de libertad subsidiada pero se desliza hacia un modo de regulación tutelar, debido sobre todo a la incrustación progresiva de las asociaciones en el sector público. Con la adopción de nuevos métodos para encarar las políticas sociales, adoptados por los responsables públicos, el papel que se da a las asociaciones y a las empresas sociales, su misión, su funcionamiento, así como su modo de organización y sus funciones han sufrido una evolución que ha modificado sus estándares de funcionamiento. El documento que les presentamos busca abrir un espacio de reflexión con objeto de ofrecer luz a los retos ligados a las transformaciones de las prácticas y referentes del mundo asociativo en sus relaciones con los poderes públicos en materia de financiación.
