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El jueves, 9 de mayo a las 19,30h. Presentarán el informe varios miembros de colectivos valencianos participantes en la campaña.
Los centros de internamiento para extranjeros son instalaciones donde el Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito. La falta administrativa en la que han incurrido -en contra de su voluntad- es equivalente al impago de una multa de tráfico, pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales. Por eso, desde la Campaña se denuncia su existencia para que “resulte abominable para cualquiera tener un CIE en la ciudad”.
Un total de 26 personas recluidas en el CIE de Zapadores (Valencia) manifestaron haber sufrido violencia por parte de algunos policías durante 2012, según se recoge en el informe ¿Cuál es el delito? elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE, la plataforma que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que acompañan a las internas e internos del CIE de Zapadores desde hace tres años. Estas denuncias se refieren a insultos, vejaciones, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos, como los que denunciaron ocho internos en el juzgado de Valencia por haber sido víctimas de palizas. El informe está dedicado a “todas las mujeres y hombres que sufren cada día por culpa de las leyes y políticas racistas e injustas de control de flujos migratorios, y especialmente a todas las víctimas que han sufrido la experiencia del internamiento en un CIE”.
En el informe también se incluyen las denuncias de años anteriores, como la acusación en 2010 de una mujer contra un policía por haber abusado sexualmente de ella en el calabozo de la comisaría de Orihuela donde pasó la noche antes de ingresar en el CIE y las palizas colectivas de finales de 2010 y octubre de 2011 en Zapadores. Además, se explican las agresiones a un ciudadano nigeriano cuando era deportado en junio de 2012. La abogada de la Campaña, Ester Izquierdo, aseguró que casi la totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes “no respetando su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos”.
