La nueva ley de vivienda no se aprobará en el Congreso este año, pero cuando se apruebe, tal y como está redactada, tampoco solucionará el problema de la vivienda en España ni contendrá los precios inflados de los alquileres. Se suele señalar a los fondos de inversión como culpables, pero detrás del lobby inmobiliario no solo se esconden los poderes financieros, sino también amplias capas de la población que tienen activos inmobiliarios como medio fundamental de ahorro, inversión y obtención de rentas. Esta es una de las tesis centrales del reciente libro de Pablo Carmona [La democracia de propietarios: Fondos de inversión, rentismo popular y luchas por la vivienda] (Traficantes de Sueños, 2022).
Pero estos fondos solo controlan un 8% o 10% del mercado del alquiler, el grueso del parque de viviendas está en manos de las clases medias y altas que son propietarias de 3 de los 3,4 millones de las casas alquiladas. Estas constituyen el corazón de nuestra “democracia de propietarios”. ¿Quién no conoce a alguien que reciba rentas inmobiliarias?, se pregunta el autor. En torno al 15% de la población tiene parte de sus ingresos vinculados a este negocio. Los malignos fondos buitres puede servir como enemigo simbólico, pero no se explica de verdad la falta de políticas públicas contra la especulación si no se tiene en cuenta también esta figura del “rentista popular”. Además de estas élites financieras, existe una parte importante de la sociedad contraria a que se contengan los precios de los alquileres por propio interés. Y este es un motivo fundamental para que el PSOE se resista a intervenirlos de manera contundente. Gracias a este factor también entendemos mejor las sucesivas campañas que estimulan el pánico a la ocupación de viviendas –asociado en el inconsciente del rentista popular al inquilino que deja de pagar el alquiler y para el que se necesitan herramientas ágiles para desahuciar que recuperen el valor de la inversión–.
En el libro, Carmona, explica cómo la propiedad y las rentas que se extraen de ella dibujan una sociedad fracturada entre propietarios y no propietarios; entre quiénes caerán en momentos de crisis, y quienes que podrán sostener su nivel de consumo. Así, las familias de clase media y alta salieron de la crisis del 2008 reforzando sus patrimonios inmobiliarios, mientras que unos 700.000 desahucios expulsaron de sus casas a 1,7 millones de personas, la mayoría de ellas de los estratos más pobres. Estas fueron empujadas a un mercado de alquiler con precios cada vez más elevados. Hoy los salarios bajan y crece la inflación, pero los beneficios de las clases propietarias están asegurados gracias a la subida de más de un 50% de los alquileres en el periodo 2013-2019. Según Carmona, hoy asitimos al nacimiento de una nueva figura social de la crisis, la de los inquilinos precarios. Son ellos los protagonistas de esta nueva fase de desahucios masivos, pero ahora por no poder pagar estos alquileres hinchados.
A pesar de esta situación de emergencia, la nueva ley de alquileres está destinada a limitar beneficios de los grandes propietarios e inversores pero no los de estas clases medias y altas aunque posean la mayoría del mercado –el 85% de las viviendas arrendadas–. De hecho, el proyecto de ley propone nuevas exenciones fiscales para estos propietarios particulares que ya gozan de importantes privilegios. En España, el trabajo tributa más que estas rentas inmobiliarias. Mientras, como señala Carmona, las familias con menos renta están gastando en la vivienda y en suministros como luz y calefacción el 60% o el 70% de sus ingresos.
El movimiento de vivienda tiene propuestas claras que, de implementarse, contribuirían de forma determinante a garantizar el derecho a la vivienda. Algunas de estas medidas son la bajada de los precios de los alquileres de acuerdo a los ingresos de los inquilinos y no a las expectativas de beneficios de los propietarios, la prohibición de muchos desahucios, la obligatoriedad de destinar el 30% de los nuevos desarrollos a vivienda pública o la ampliación del parque de alquileres públicos con viviendas de la SAREB. Estas no han sido recogidas por la nueva ley, cuyo contenido no cambiará sustancialmente la situación de los sectores más castigados ni frenará los desahucios. Es importante saber por qué. La “democracia de propietarios”, el rentismo popular que sostiene a las clases medias del país, lo impide.
