En medio de un tejido social quebrantado por la exacerbación de la guerra y de un pueblo escéptico ante los rezagos de su propia historia, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Los impactos de un conflicto armado de más de cincuenta años, considerado el más prolongado, sistemático y sostenido del continente americano, así como las negociaciones de paz fallidas que había vivido Colombia en las últimas tres décadas, se convirtieron en el sustrato que alentaría a defensores y detractores del proceso de paz adelantado por el gobierno del presidente Santos. De esta forma, tanto los diálogos de paz, como la firma e implementación del Acuerdo, develarían la imagen de un país dividido.
En el marco de las negociaciones y el Plebiscito, la polarización se fundamentó en el rechazo o aceptación de la firma de los Acuerdos. Tras un año de la firma, la fragmentación del país cobraría cuerpo entre acuerdos y desacuerdos, siendo el proceso de implementación el encargado de marcar los matices de la contienda.
Algunos hilos y nudos de los que pende el proceso de posacuerdo, fueron objeto de disertación en el marco de las ediciones XXV y XXVI de la Cátedra Democracia y Ciudadanía, denominadas Los retos de implementación en los Acuerdos de Paz y Territorio, paz, poder y nación, respectivamente. Dichas disertaciones permitieron recopilar estas memorias de una paz en disputa.
