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El ciclo abierto por el 15M y la crisis global en los últimos años ha dejado al Estado español en una situación muy delicada. La composición política europea y las cadenas de deuda globales han hecho de la gobernabilidad de los países del sur de Europa un problema de estabilización mundial. Las fuertes políticas de “ajuste” han llevado a que las condiciones de vida y los niveles de bienestar se hayan visto fuertemente dañados.

Además, la implementación despótica de estas políticas han puesto en evidencia la falta de democracia de los sistemas políticos occidentales. Así, a la crisis económica se le ha superpuesto una crisis política que tuvo en 2011 su mayor puesta en escena. En el caso hispano, todos estos elementos se han condensado en una fuerte movilización social de todos aquellos y aquellas que ya no se reconocen en el sistema establecido.

El régimen constitucional surgido tras 1978 ha caído en desgracia -institución por institución- hasta posibilitar escenarios de ingobernabilidad. Pero la brecha social sigue abierta. De un lado un fuerte impulso democratizador, de radicalización política, ha calado en amplias capas de la sociedad, por el otro, la opacidad, la corrupción y la crisis de legitimidad se han apoderado de las instituciones de gobierno.