Escrita por un equipo interdisciplinar de docentes e investigadores, «Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal» es una obra colectiva que trata de comprender, no solo la evolución de las prácticas policiales en estas últimas décadas, sino también las representaciones ideológicas que las legitiman en un contexto donde predomina la fragmentación espacial y social dentro de la ciudad. Sin embargo, ¿qué significa metropolice? El término, resultado de sumar metrópolis y pólice, hace referencia a una forma de gobierno, del buen orden de la cosa común, y como se relaciona ese gobierno con un espacio de vida determinado -en este caso, la metrópolis, la ciudad como centro de poder respecto de una periferia cada vez más amplia-. Es un término con el que, además, los autores pretenden describir en qué medida esa separación espacial entre las diferentes clases sociales genera conflictos y desigualdades, y cómo estas se interpretan en términos de inseguridad. Metropolice es un poder ejercido sobre toda una trama de espacios y sujetos a través de un actor: la policía. ¿Cómo se efectúa, en el plano ideológico, este concepto de metrópolis? Para los autores, esta suerte de poder, cuya función de barrera apuesta por un modelo social y político de contención, se asienta, principalmente, sobre la reconceptualización de tres términos: seguridad, delincuencia y policía. Unos nuevos significados, meramente discursivos, pero que se han asentado con gran eficacia.
En primer lugar, la noción de seguridad atraviesa, por así decirlo, un proceso de neutralización. Si, como diría Marx (2009), la noción jurídica de seguridad surgió con el propósito de asegurar el egoísmo de la sociedad burguesa -en la medida que sirve para proteger, legitimar, la propiedad privada-, desde las revoluciones conservadoras en Europa durante la década de los 70, el término de seguridad se convierte en un discurso público, político, referido al bien de todos. De este modo, a propósito de la extracción de quien fuera abogado de la Fracción del Ejército Rojo1, que se encontraba refugiado en Francia, Foucault (1994) expresó como «la seguridad está por encima de la ley [...]. Por esa misma razón ha reaccionado con violencia y ha dado a su actuación una forma gráfica y teatral [...]. Ha considerado que se podía condicionar a la opinión pública a través de los medios de comunicación [...]. Toda la campaña sobre seguridad pública debe estar respaldada -para ser creíble y políticamente rentable- por medidas espectaculares que demuestren que el Gobierno puede actuar con rapidez y firmeza por encima de la ley» (p.367).
A la supremacía de la seguridad en el discurso debemos sumar las herramientas utilizadas para medir el grado de seguridad y la satisfacción de la población en ella. De este modo, aparecería desdoblado, por un lado, una situación social objetiva de seguridad; y, por otro, una percepción subjetiva de seguridad. La utilización de esta última para justificar el incremento de presupuesto en seguridad y policía contrasta con el hecho de que «la percepción ciudadana sobre la tranquilidad en las calles, casi nunca tiene una correspondencia simétrica con la inseguridad objetiva, es decir, los delitos realmente acontecidos y denunciados» (García et al., 2021, p.36). Los conflictos y desavenencias que se producen en la ciudad son, cada vez más, interpretadas en términos de inseguridad. Sin embargo, el abanico de acciones que se interpretan como un peligro para la seguridad pública se ensancha, de tal manera que se incluyen actividades que, pese a no ser delictivas, se reconocen nocivas para la convivencia y son controladas por vía penal o administrativa.
En segundo lugar, la noción de delincuencia se relaciona cada vez más con términos como inmigración o pobreza. En un contexto de retroceso de los sistemas de prestación redistributivos, propios del Estado de Bienestar, y en una situación de conciencia de esa crisis -de legitimidad política y, sobre todo, del proyecto político de la socialdemocracia-, se produce un desplazamiento desde un marco de entendimiento de la pobreza como un problema social, a un individualismo que responsabiliza al sujeto de su situación. La instrumentalización política, por parte de la derecha conservadora, de esta relación -ser pobre equivale a ser delincuente-, parece ser evidente. Restringiendo así el término de delincuencia -e incluso el de violencia- a la actuación de supuestos pobres, una alteridad con la que no nos identificamos. De este modo, en un mundo global donde hay cada vez más migraciones, la agenda política insiste en presentar las personas migrantes como una amenaza a la seguridad y bienestar. Sin ir muy lejos, aquí en España tenemos el tratamiento mediático y criminalización de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Estas actitudes no reflejan, pese a todo, una situación de inseguridad objetiva. Son síntoma de una situación de incertidumbre donde el miedo social construye un otro como cabeza de turco. De este modo, este temor social, que puede ser movilizado e instrumentalizado políticamente a través de la propaganda política y a través de los medios de comunicación, crea «las condiciones de posibilidad para las prácticas de control policialistas, pero a su vez estas crearon las condiciones para perpetuar aquel» (Rodríguez, 2014, p.11).
Consecuentemente, a través de estas prácticas, entramos en un círculo vicioso donde, en vez de revertir un problema social, como es la pobreza, se justifican toda una serie de políticas penales para tratar de formalizar toda una serie de comportamientos que nunca antes habían sido tipificados como delitos. Y, al mismo tiempo, se hipostasia la exclusión y la situación marginal de quienes más necesitan políticas sociales, de cuidados, y redistributivas. Un ejemplo práctico, y actual, de estas políticas es la normativa municipal, impulsada por el Partido Popular y Vox, según la cual se sancionará a prostitutas y a mendigos porque mendigar es, supuestamente, una actitud coactiva y de acoso (Burgos, 2022). Sanciones, que se traducen en multas, dirigidas a un grupo de la población que, en primer lugar, no puede asumir los costes; y que, en segundo lugar, al endeudarse con Hacienda, se le dificulta el acceso a ayudas y prestaciones.
En tercer y último lugar, la transformación de una noción peyorativa del cuerpo policial -que relacionaba la función del cuerpo con la defensa de unos intereses particulares-, a una noción neutralizada según la cual es el organismo que vela por la realización de los derechos y libertades democrática, se produce en la medida que se oculta el origen social del dispositivo. Mientras que en el orden discursivo e ideológico se produce un blanqueamiento del concepto de la policía, en la práctica, ejerce todo tipo de funciones con el fin de salvaguardar el principio de seguridad sobre el que se levantó el Estado moderno. Así, si «[l]a seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad» (Marx, 2009, p.30).
El desplazamiento del foco de la desigualdad a la seguridad, con la consecuente criminalización de la pobreza, permite la introducción de lógicas policiales en espacios donde antes la policía no tenía presencia alguna. Se sustituyen, además, posibles políticas sociales, redistributivas, por políticas policiales. Así, un claro ejemplo de ello, es el tratamiento policial de la crisis sanitaria y la pandemia. En vez de ampliar, mejorar, los servicios de salud pública, la salud es tratada como una cuestión de seguridad pública. Esto, junto con la emergencia situacional, habilitó (y habilita) un incremento de la presencia policial en los vecindarios. Esto, sin embargo, tampoco es nada nuevo, sino que incrementa un proceso que ya estaba en marcha y que se traduce en términos como la “policía de proximidad”, que tiene como finalidad justificar la actuación policial, blanquear su función en términos de sensibilidad, modernización, e inserir lógicas de control en espacios que habitamos -su presencia, en asociaciones de vecinos, juntas de barrio, es un ejemplo- y en los procesos de subjetivación vinculados a esa (re )producción de la espacialidad.
Las labores sociales que cumplen los cuerpos represivos no hace de estos cuerpos menos represivos, sino más aún: los hace omnipresentes, les sirve como blanqueo y como «una idea de futuro social», de lo que el ciudadano debe ser. Además, la idea de una policía de proximidad es más bien un síntoma de la división del trabajo dentro del cuerpo policial. En esa estructura organizativa, mientras hay una policía próxima, que está presente en el día a día y se relaciona con los vecinos, también existen aquellos organismos, o policía lejana, dedicada a la prevención y la creación de perfiles de potenciales sospechosos sobre la base de lo que se entienda como conductas delictivas, coactivas, etc. No se trata aquí de un voluntarismo subjetivista. El policía, en su vida civil, es legalmente libre. También puede ser padre de familia, hijo ejemplar, un amigo fiel. En definitiva, lo que comúnmente se llama buena persona. Sin embargo, una vez viste uniforme se convierte en un objeto de mundo, parte de una maquinaria o dispositivo que se asienta sobre la existencia de diferencias de hechos.
El análisis de lo policial va más allá de lo que, a simple vista, parece una cuestión moral y metodológicamente individualista. El empeño de los autores, en este libro, pone sobre la mesa un punto de vista que parecía olvidado, un análisis de las prácticas policiales a través de unas relaciones estructurales cuasi-objetivas que condicionan la función social que, en última instancia, ejercen.
REFERENCIAS
Burgos, R. (2022, 15 de febrero). Alicante sancionará a mendigos y prostitutas con multas de hasta 3.000 euros tras aprobar una ordenanza pactada por PP y Vox. Diario El País. Recuperado de: https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-02- 15/alicante-sancionara-a-mendigos-y-prostitutas-con-multas-de-hasta-3000-euros- tras-aprobar-una-ordenanza-pactada-por-pp-y-vox.html (28/04/2022).
Foucault, M. (1994). Désormais, la sécurité est au-dessus des lois (entretien avec J. P. Kauffmann). En M. Foucault (ed.), Dits et écrits vol. III (pp. 366-368). Gallimard.
Foucault, M. (2008). Seguridad, territorio y población. Fondo de Cultura Económica. García, S. et al. (2021). Metropolis. Seguridad y policía en la ciudad neolibreal.
Traficantes de sueños.
Marx, K. (2009). La cuestión judía. Anthropos.
Rodríguez, E. (2014). Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Futuro Anterior.
Andreu Blai Fernández-Serrano
Graduado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración Pública
(Universidad de Valencia, Valencia, España)
