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Parece claro que la noción de estatalidad ocupa un lugar central en la estructura del Derecho y de las relaciones Internacionales. Problemas relativos al uso de la fuerza, a la violación de los derechos humanos, o
incluso al aprovechamiento de los recursos del planeta, por poner algunos ejemplos, se pueden reconducir al criterio de estatalidad de los agentes que actúan sobre esas realidades. Sin embargo puede ser difícil determinar qué constituye un Estado soberano. Todos los estados soberanos tienen territorio, población y gobierno, pero no existen estándares derivados de normas de Derecho internacional convencional, ni del Derecho consuetudinario, ni un consenso internacional básico, que nos den una pista acerca de qué dimensión territorial, número de nacionales, forma de gobierno, intensidad de control... debe ejercer un cierto gobierno sobre su territorio o sus habitantes, o qué grado de eficacia debe defender su soberanía sobre sus recursos naturales, por poner algunos ejemplos, para que el Derecho y la Comunidad Internacional consideren un espacio territorial como Estado soberano.
De hecho, el Tribunal Internacional de Justicia en uno de sus fallos, y la Asamblea General de Naciones Unidas, también en una resolución, han declarando que ni el menor tamaño, ni una localización geográfica
marginal, ni lo limitado de sus recursos, pueden constituir una objeción válida al reconocimiento de la estatalidad de una determinada realidad.
Sin embargo la aparición de un fenómeno inquietante en la escena internacional, el llamado 'Estado fallido' ('failed state' término acuñado por la disciplina de Relaciones Internacionales anglosajona), con todas sus graduaciones y especificidades en cada situación, supone una revisión del concepto clásico de Estado-nación, concepto tenido por no cuestionado (pacífico dirían los puristas) por el pensamiento y la academia de los internacionalistas.
