José Sarrión Andaluz nació en Cartagena en el año 1982. Desde 1998 comenzó a involucrarse en movimientos sociales, afiliándose a las Juventudes Comunistas y colaborando con el movimiento estudiantil de enseñanzas medias. Entra en la Universidad de Salamanca (USAL) tras aprobar la Selectividad con una nota de 8,31. Durante su etapa de estudiante se implica activamente en el naciente movimiento antiglobalización, siendo portavoz de la plataforma Salamanca AntiGlobal (referente en Salamanca del MRG). Durante esta etapa también desarrolló un profuso activismo en el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), movimiento estudiantil asambleario que en la actualidad cumple su 20 aniversario y ostenta la mayoría en el Claustro de la Universidad de Salamanca.
Ha estudiado temáticas de filosofía política como la racionalidad intercultural, la primera generación de la Escuela de Frankfurt o la fundamentación de los derechos humanos, y autores marxistas como Gramsci, Lukács y muy especialmente Manuel Sacristán, autor al que admira profundamente y sobre quien elaboró su Tesis Doctoral en la UNED, calificada con Sobresaliente Cum laude por unanimidad. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y de la revista crítica de ciencias sociales Encrucijadas.
En el año 2008 concurre por primera vez a exámenes de Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Filosofía, obteniendo la tercera mejor nota de Castilla y León (8,675). Sin embargo, los recortes educativos provocan que en ambos casos se quede sin plaza. Desde entonces comienza a ganarse la vida impartiendo clases de Antropología en la Universidad Pontificia de Salamanca.
En 2012 se une al Frente Cívico «Somos Mayoría» impulsado por Julio Anguita, de cuya Coordinadora Estatal forma parte desde entonces. Ese año es elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Castilla y León, donde desempeña principalmente tareas de formación teórica. En 2013 es elegido miembro del Comité Federal de dicho partido.
Es en esta etapa cuando comienzan las tensiones en su puesto de trabajo. Los días previos a la Huelga General del 29 de marzo de 2012, la Jefatura de Personal de la Universidad Pontificia de Salamanca dirigió una circular a sus trabajadores en la que se exigía comunicar previamente a la empresa la intención de participar en dicha huelga. Dada la ilegalidad de esta circular, Sarrión procedió a comunicar a los trabajadores que la Ley no obliga a tal comunicación previa y que la huelga es un derecho reconocido constitucionalmente. A partir de este hecho comienzan unas actitudes discriminatorias por parte de la dirección de la Pontificia, entre las que cabe destacar: intento de proceder al cambio de contrato, dificultades para poder realizar estancias de investigación, reducción de horas y la decisión de retirarle la asignatura de Antropología. La situación empeora cuando un diario salmantino vinculado al PP le señala por firmar un manifiesto en defensa de la Libertad de Expresión en la Universidad, tras lo cual algún columnista de Intereconomía llega a pedir públicamente su despido de la UPSA.
El despido es el acto final de este proceso de persecución política e ideológica. Presentado inicialmente como un acto de despido objetivo por circunstancias económicas, en un momento determinado el Obispo de Salamanca reconoce que la orden de despido la ha emitido él en persona, no no existiendo más razón que su ideología política, y afirmando las siguientes frases textuales: «es llamativo que ha sido secretario del Partido Comunista de España y figura en todos los foros de más radicales de ultra-izquierda de Salamanca, y sabemos la ideología que toda esta gente tiene», «las tesis del Partido Comunista de España son incompatibles con la doctrina social de la Iglesia. Y las tesis del marxismo siguen siendo incompatibles», «no es una discriminación ideológica, es una legítima discriminación ideológica».
Dados estos hechos, Sarrión ha formulado una demanda por despido discriminatorio y realizado con violación de derechos fundamentales, por entender que se ha vulnerado los derechos establecidos los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. El juicio se producirá el día 28 de noviembre.
