Ya es inaplazable definir una palabra -burorrepresión- que fue naciendo hace años de forma colectiva y desde abajo, en la base de los movimientos sociales, con el fin de convertirla en un concepto útil para la protesta y para la mirada del Derecho y las Ciencias Sociales.
La burorrepresión, en su sentido estricto y duro, es la utilización, por parte de las instituciones de control, del arsenal de sanciones administrativas disponibles en el entramado de leyes, normas y ordenanzas, con el fin de desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. En su sentido extenso y blando, la burorrepresión, pretendiendo controlar la potencial disfuncionalidad de sectores sociales que están inmersos en procesos de empobrecimiento y exclusión, adopta la forma de trabas burocráticas o legales que se convierten en graves impedimentos funcionales para los individuos y colectivos afectados.
Cuando se está castigando a la ciudadanía, cuando escribir sobre represión ha vuelto a ser una tarea imperiosa en España, la burorrepresión como concepto se abre paso gracias a lo que, por derivación lingüística, podemos denominar burorresistencia. Estar a la altura de las circunstancias históricas es hacer frente de forma cooperativa y proactiva a ese tropel de multas y sanciones que se lanza contra la protesta y la resistencia, no dejándose amedrentar por quienes quizás piensan que, excepcionalmente, será la burocratización velada de una vasta acción represiva lo que salvará al sistema en sus horas más bajas.
